El Acuífero Valle de Aguascalientes (Clave 0101) tiene un déficit de −95.75 hm³/año. La recarga es 249.6. La extracción concesionada es 342.95. Eso está publicado en registros oficiales.
Quién usa el agua no es lo mismo que quién tiene la concesión.
En el sector agrícola, que concentra entre el 70 y 75% del volumen extraído, las concesiones están concentradas. Los derechos se rentan. El agua se revende. Las pérdidas por infraestructura obsoleta superan el 50% en tramos no revestidos.
El volumen real que llega a producción es menor que el volumen concesionado. El volumen reportado incluye agua que nunca llegó al cultivo, que se vendió a industria sin registro, o que se perdió en canales sin revestir. Esa agua no aparece en métricas de productividad hídrica.
Cuando el agua es un derecho concentrado y no un recurso auditado, el sistema incentiva:
El resultado es que el déficit estructural se paga con agua que nadie usó productivamente. Pero eso no se puede medir sin desagregar quién realmente opera cada concesión.
Documentar eso no es técnicamente complejo. Es políticamente incómodo. Haría visible que el 70% del agua no resuelve el 70% del problema: resuelve un equilibrio de poder que no aparece en ninguna ley.
Fuentes: registros oficiales de acuíferos, REPDA (padrón público), y datos operativos locales. Este documento no atribuye ilegalidad. Describe una estructura de incentivos con consecuencias verificables.